En Comodoro Py hay sorpresa por el resultado electoral y las causas contra Cristina Kirchner se definen en tribunales orales
El Gobierno espera dos meses de calma en los tribunales federales. Cuáles son los juicios que marcarán la agenda hasta la primera vuelta.
El resultado electoral que consagró ganador a la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Kirchner sin lugar a dudas tiene un impacto en las causas por hechos de corrupción contra la expresidenta y varios exfuncionarios de su Gobierno, ya que activan prudencia en lo inmediato y expectativa de lo que pueda suceder en la elección de octubre.
El impacto de las elecciones de ganar la fórmula Fernández Fernández sin lugar a dudas tendrá un impacto en los Tribunales, no sólo en las causas de corrupción que se llevan adelante contra el anterior Gobierno, sino contra éste.
Pero también por los nuevos actores judiciales que podrían aparecer con la llegada de la nueva gestión: desde el jefe de los fiscales hasta jueces de Tribunales Orales Federales donde hay cinco vacantes y es el lugar donde se definen las causas.
De mantenerse así las posiciones en las elecciones y consagrarse el triunfo de la fórmula Fernández/Fernández, la designación de Cristina como vicepresidenta será envuelta en casos de corrupción los cuales en su gran mayoría están en etapa de definición en juicio oral y público.
Incluso éste lunes retomó en Comodoro Py el juicio por fraude en la obra pública en su contra, etapa donde se definen nulidades, pero está a la espera de fijar fecha en otros juicios tales como la causa dólar futuro, el caso Hotesur y Los Sauces, el presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA y a un paso de ser elevada la de asociación ilícita por el cobro de sobornos por parte de un grupo importante de empresarios que detalló el chofer Oscar Centeno.
Todas las causas se definirán en esa instancia, en el Tribunal Oral y la única que por ahora está en curso es la de fraude en la obra pública puesto que las demás siquiera se sabe cuándo podrá ser el juicio y se habla de 2020 en adelante.
En esa instancia, hay en la actualidad cinco vacantes (una en el TOF2, dos en el TOF4, una en el TOF5 y una última en el TOF6) y allí la nueva administración sin lugar a dudas podrá ubicar nuevos jueces apurando los concursos.
Lo mismo sucede con el jefe de los fiscales puesto que el actual Eduardo Casal está de manera interina tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó y desde el Gobierno nunca se avanzó en designar a un Procurador General de forma permanente: el cargo lo define el Congreso de la Nación y su duración es permanente salvo juicio político.
Desde el punto de vista fiscal, una de las materias pendientes que el macrismo no se animó a dar y podría colarse con de llegar otra administración, es reformar el código procesal para que sean los fiscales quienes ejerzan la acción penal y de esta manera vaciar de poder a los jueces.
Por el lado de los jueces, el impacto que podrá tener la llegada de un nuevo Gobierno es en avanzar con la remoción de algunos como suele suceder ante cada cambio de gestión, y allí todas las miradas apuntan al juez federal Claudio Bonadio quien la procesó en todos los expedientes que la tuvo como imputada a Cristina Kirchner: Los Sauces, dólar futuro, cuadernos y el encubrimiento de la AMIA, entre muchas otras.
También son muchos los funcionarios judiciales que comenzaron a revisar qué causas tienen en su despacho y afectan a la administración de Macri.
Una de ellas tiene que ver con la supuesta defraudación con la reestructuración de la deuda al Correo Argentino en donde está imputado el ministro Oscar Aguad, y otra con la de supuesto espionaje ilegal que tramita en Dolores y en la que si bien no hay funcionario macrista imputado sí hay un profundo cuestionamiento hacia la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia.
Pero también hay otras causas que apuntan directamente contra el presidente Mauricio Macri como ser aquella en que se denunció supuestas irregularidades en la venta sin licitación de seis parques eólicos, algunos de ellos a empresas del grupo familiar del mandatario.