El último titular del PAMI del kirchnerismo será juzgado por presunta defraudación a esa obra social
Una de las causas está relacionada con una inversión en letras del Tesoro Nacional en 2008 durante la gestión del entonces ministro de economía, Hernan Lorenzino.
El último titular del PAMI del kirchnerismo, Luciano Di Césare, se sentará en el banquillo de los acusados desde el próximo 20 de diciembre, para ser juzgado por supuesta "defraudación a la administración pública" por seguir una sugerencia del Ministerio de Economía e invertir fondos del organismo en LETES, en vez de usarlos para atender carencias en la obra social de los jubilados y mejorar sus prestaciones cuando se afrontaba un fuerte déficit.
Di Césare será juzgado por el Tribunal Oral Federal 2 por un delito que prevé una pena de hasta seis años de prisión, pero además está procesado en otra causa por cobrar en un trámite express y, antes de dejar el cargo, un retroactivo de 1.300.000 pesos por vacaciones no gozadas que para la Justicia no correspondía percibir, informaron fuentes judiciales.
La causa por la que primero llegará a juicio, investigó una inversión en Letras del Tesoro Nacional en el 2008, luego de una sugerencia enviada por nota al respecto a todos los entes descentralizados por parte del entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien aludía a "fondos excedentes" en los organismos, algo que el PAMI no tenía, según la Justicia.
"No se explica el porqué del empleo de elevados montos en la inversión investigada en las presentes, a la luz del déficit situacional del instituto que, en modo alguno, habría permitido considerar que quedaban excedentes", aseveró el fiscal que investigó el caso, Franco Picardi, al pedir el envío a juicio. La obra social de los jubilados llegó a invertir 3.000 millones de pesos en LETES, que debían ser destinados a prestaciones a los jubilados.
Según la acusación del fiscal de instrucción, el PAMI compró LETES el 17 de diciembre de 2008 por 880 millones y luego esa inversión se renovó a lo largo de cuatro años con intereses que se siguieron acumulando.
Di Cesare "desvió fondos de sus arcas, y les dio un destino diferente al de sus fines propios, circunstancia esta que ocasionó un perjuicio en las prestaciones asistenciales debidas", acusó el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio que se leerá el 20 de diciembre, cuando empiece el debate oral en los tribunales federales de Retiro.
Al investigar lo ocurrido, Picardi y el juez federal Claudio Bonadio incorporaron al expediente constancias de reclamos que por esos años presentaban al PAMI los proveedores por falta de pago y otras donde se advertía por deficiencias en las prestaciones.
En esta causa Di Césare está embargado por un millón de pesos, en un fallo ya confirmado por la Cámara Federal porteña.