El gobierno de Venezuela puso en funciones una segunda Corte Suprema
De ahora en más trabajan en simultáneo dos tribunales supremos en el país latinoamericano. Uno de ellos es elegido por el Parlamento que tiene mayoría opositora. Cuenta con amparo de la OEA aunque no tiene competencias reales. Su radicación será en tres sedes de aquel territorio.
Venezuela tiene de ahora en más en funciones a dos tribunales supremos de Justicia en forma simultánea, aunque uno de ellos, el elegido por el Parlamento de mayoría opositora, funcionará en tres sedes fuera del país, con amparo de la OEA, sin competencias reales y con sus integrantes buscados por la justicia venezolana.
El Tribunal Supremo "rebelde" quedó formalmente instalado en Washington, en la sede de la OEA, donde se informó que el cuerpo sesionará alternativamente en el organismo continental, en una oficina privada de la capital estadounidense y en Colombia.
El titular de este STJ paralelo, Miguel Ángel Martín, encabezó el acto en el que se instaló el cuerpo en el Salón de las Américas de la OEA, con el apoyo rotundo del secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, y el rechazo de los embajadores de los países miembros, que no asistieron.
El Supremo opositor celebró, además, su primera sesión de trabajo en el Salón Miranda de la sede del organismo continental y la semana próxima hará otra Colombia. Aunque los jueces harán base en una oficina privada, Martín aseguró que habrá otras sesiones en las instalaciones de la OEA, donde se congregaron hoy opositores y simpatizantes antichavistas, y remarcó que las cuestiones de derechos humanos y la necesidad de "una apertura de un canal humanitario" serán claves para el Tribunal. Almagro resumió el rol futuro del cuerpo: "Los magistrados tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen", dijo.
Desde Caracas llegó la réplica del Tribunal oficial, que consideró un "golpe judicial" la instalación del cuerpo paralelo, y reivindicó "la defensa de la soberanía y de las instituciones" venezolanas. En un texto firmado por el titular del máximo tribunal, Maikel Moreno, el TSJ adelantó que revisará "con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la justicia venezolana". El TSJ pidió a los países del mundo rechazar "estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional".
El Poder Judicial venezolano, alineado al chavismo gobernante, llamó "apátridas y mercenarios de la justicia" a los magistrados opositores que, consideran, "deben ser perseguidos no solo por los organismos del país, sino por las instituciones del mundo". La mayoría de jueces nombrados por el Parlamento salieron del país luego de que la Justicia venezolana ordenara al Servicio de Inteligencia la captura de todos ellos. La cuestión judicial tuvo otro capítulo fuera del territorio nacional: la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció hoy que tiene listo un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional para denunciar al Estado venezolano por violaciones de los derechos humanos.