El Comité de Derechos Humanos de la ONU tratará en 2018 el caso de Lula contra el juez Moro
La comisión internacional investigará la denuncia presentada por el ex presidente brasilero hacia Sergio Moro, por la operación Lava Jato.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU
tratará en 2018 la denuncia por abuso de poder y persecución contra el juez
Sérgio Moro, de la operación Lava Jato, presentada por el ex presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción.
El caso de Lula contra Moro no está en la
agenda de la última reunión de 2017, prevista para la próxima semana, informó
la agencia privada Estado. La decisión sobre la queja del líder del
Partido de los Trabajadores debe ser tratada a partir de marzo de 2018, indicó
un portavoz del comité de derechos humanos de la ONU.
En 2016 Lula y sus abogados acudieron al
comité de la ONU para denunciar una persecución por parte del juez Moro contra
el ex presidente, quien tiene cinco procesamientos y una condena por parte del
magistrado de Curitiba.
Se incluyó como motivo de persecución el
allanamiento a la casa de Lula y la decisión del magistrado de llevarlo a
declarar por la fuerza el 4 de marzo de 2016, una acción que conmocionó al país
y que según la defensa marcó parte del debilitamiento político del gobierno de
Dilma Rousseff, quien luego fue destituida en juicio político.
"Para que el caso de Lula contra
Moro sea aceptado, la entidad de Ginebra necesitará concluir que el sistema
judicial de Brasil no tiene la capacidad de asegurar garantías", dijo el
portavoz, citado por Estado.
El informe contra Moro fue presentado por
el abogado inglés Geoffrey Robertson, jefe del equipo legal de Lula en el
exterior.
Si la condena a Lula es ratificada en
segunda instancia, es posible que sea de cumplimiento efectivo y también
inhabilitará al ex mandatario a presentarse en las elecciones de octubre de
2018, para las cuales es el favorito en todos los escenarios, según la última
encuesta de setiembre del Instituto Datafolha.
Los fiscales de la Operación Lava Jato
acusan a Lula de beneficiarse, fuera de la presidencia, por favores de las
empresas constructoras OAS y Odebrecht a cambio de contratos fraudulentos en la
estatal Petrobras durante su mandato (2003-2010).
Lula denunció persecución en su contra
por parte de un sector del Poder Judiical y en ese marco incluyó un
allanamiento en la casa de uno de sus hijos, Marcos Claudio, el martes pasado,
por parte de la policía del estado de San Pablo, a raíz de una denuncia anónima
sobre tenencia de drogas.
Tras las quejas del PT, el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, separó al comisario que hizo el allanamiento, en el cual no se encontraron drogas pero sí se llevaron documentos y una computadora portátil.