El año que empezó con un desafío gubernamental: recapturar los evadidos del Triple Crimen
El 2016 se inició con un desafío en materia de seguridad: la imperiosa necesidad de los gobiernos nacional y bonaerense de recapturar a los tres prófugos del triple crimen de General Rodríguez.
El 2016 se inició con un desafío en materia de seguridad: la imperiosa necesidad de los gobiernos nacional y bonaerense de recapturar a los tres prófugos del triple crimen de General Rodríguez.
Con la complicidad de sus carceleros y en medio de una compleja trama de denuncias por tráfico de efedrina contra políticos y miembros de fuerzas de seguridad, Christian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci escaparon del penal de General Alvear, poniendo de relieve graves falencias que llevaron a una reestructuración del sistema penitenciario y policial provincial.
Las recapturas de los tres, logradas el 9 y el 11 de enero, sumadas a la detención en Brasil del sindicado ideólogo del triple crimen, el empresario Ibar Pérez Corradi, buscado desde hacía 45 meses, trajeron un poco de calma a los funcionarios que, no obstante, comenzaron a trabajar en profundos cambios en el seno de las fuerzas de seguridad.
La remoción el mismo día de la fuga -el 27 de diciembre de 2015- de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y del jefe del penal General Alvear, fue la primera medida que tomó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien meses después, en octubre último, pasó a disponibilidad a 132 jefes de la institución y puso en la conducción a un civil.
Además, anunció una reforma integral del SPB basada en cuatro pilares: transparencia mediante organismos de control, Derechos Humanos, profesionalización y estructura.
Las reformas se extendieron también a la policía bonaerense cuando el ministro de Seguridad Cristian Ritondo firmó una resolución para encarar un serie de modificaciones con el fin de reorganizar la fuerza y avanzar en el plan integral de seguridad.
La reducción en el número de superintendencias y Jefaturas Departamentales, el rediseño de las áreas de Investigaciones, Policía Científica, Narcotráfico y Delitos Complejos, la conducción civil de Asuntos Internos, las auditorias sobre los legajos y la obligatoriedad del personal policial de presentar su declaración jurada de bienes, son algunos de los ejes de esa reestructuración.
A nivel nacional, también la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció una profunda reforma de la Policía Federal, cuyo principal objetivo es convertir a la fuerza en una policía de investigación de delitos complejos y que la seguridad en las calles sea delegada a la Policía de la Ciudad.
La fuga fue sin dudas uno de los hechos motivadores de las reformas, ya que durante esos 16 días en que los evadidos estuvieron en las calles se sucedieron episodios que demostraron la vulnerabilidad y la corrupción enquistada en las instituciones de seguridad, que incluyeron falsas informaciones, supuestamente "malintencionadas", que los llevaron incluso a anunciar la recaptura de dos de los prófugos dos días antes de que realmente fueran detenidos.
El hecho de que Martín Lanatta se evadiera poco después de haber denunciado al ex jefe de gabinete del gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, en el marco de la causa por el tráfico de efedrina, móvil principal del triple crimen Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en 2008, también dio lugar a especulaciones y dudas en el ámbito gubernamental: conspiración, "vuelto", un plan destinado a matar a Lanatta, entre otras.
Su regreso a prisión aportó tranquilidad y esa misma sensación se reforzó cuando el 19 de junio Pérez Corradi fue detenido en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y, tras un breve paso por Paraguay, donde tenía una causa pendiente, fue extraditado a la Argentina para quedar a disposición de la jueza Federal María Romilda Servini, quien lo investiga en dos expedientes, uno por tráfico de efedrina y otro por el triple crimen.
"La detención de Pérez Corradi es el cierre de una etapa muy oscura en nuestro país", afirmó la ministra Bullrich el mismo día del arresto del empresario.
Si bien durante los días previos a declarar, tanto Pérez Corradi como sus abogados hicieron grandes anuncios sobre la información que podía revelar a la Justicia y que involucraría a políticos y empresarios -lo que le valió para ser ingresado al programa de testigos protegidos ante su temor a ser asesinado- sus declaraciones tendieron a ser más exculpatorias que reveladoras.
El empresario, sindicado como el zar de la efedrina que proveía a cárteles mexicanos que la empleaban en la elaboración de drogas sintéticas, irá juicio oral en la causa por lavado de activos en el marco de la denominada "mafia de los medicamento", mientras que se aguarda el cierre de las instrucciones por las dos causas que lleva adelante Servini.
A su vez, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, debe resolver un juicio de extradición de Pérez Corradi pedida por Estados Unidos por el envío de miles de pastillas de oxicodona, un derivado del opio.
En tanto, el fiscal santafesino Estanislao Giavedoni pidió días atrás que los Lanatta y Schillaci, sean sometidos a juicio oral por haber secuestrado a un ingeniero agrónomo, a un matrimonio y a un sereno de una arrocera mientras huían en su provincia y adelantó que pedirá 15 años de prisión para ellos.
Al día de hoy, los tres condenados a prisión por los asesinatos de General Rodriguez cumplen su pena en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, mientras que Pérez Corradi está bajo custodia de Gendarmería Nacional en un escuadrón bajo estrictas medidas de vigilancia.
Lejos de las dependencias del SPB están aún los políticos y empresarios cuyos nombres circularon en torno a estos crímenes y entramados mafiosos y corruptos, al igual que los penitenciarios acusados de facilitar la fuga, que si bien fueron procesados están libres esperando el avance de la causa.