A juicio por el Fútbol para Todos
Se trata de Aníbal Fernández, Capitanich, Segura y ex dirigentes de la AFA.
La jueza federal María Servini envió hoy a juicio oral y público la causa por presunta defraudación al Estado en el programa Fútbol Para Todos, en la que están acusados los ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, además del ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura y otros dirigentes de clubes.
Junto con ellos también van a juicio el ex vicegobernador bonaerense y coordinador del programa "Fútbol para Todos", Gabriel Mariotto; Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; y Miguel Ángel Silva, secretario general del FPT.
Se suman Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, ex CEO de Iveco.
En la misma resolución, fueron sobreseídos el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.
Fuentes judiciales informaron a NA que la magistrada dio por terminada la investigación y remitió el expediente a un tribunal oral para un futuro juzgamiento.
La elevación a juicio había sido solicitada por el fiscal del caso, Eduardo Taiano, y se estima que el juicio podría ser el año próximo.
En declaraciones a radio Con Vos, Aníbal Fernández negó tener relación con la causa y dijo que si "la AFA tiene defraudación, son ellos los que tienen problemas de dinero, son los que administraban".
"No me llama la atención que no esté (en la causa) Abal Medina. Si vos le levantás la mano al presidente mágicamente te sacan de la causa. No sé quién lo sacó, pero lo que te puedo decir es que Abal Medina hacía lo mismo que nosotros y no está en la causa. Es incomprensible. Levantar la mano tiene sus beneficios, pero yo no lo hubiera hecho y me hubiesen dejado procesado igual", resaltó el exfuncionario.
La causa se originó en 2014 por una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña por el programa Fútbol para Todos, iniciado en 2009 durante el kirchnerismo, y por el cual se destinaban fondos públicos a la manutención de la transmisión y solo admitió durante la gran parte de su existencia como único auspiciante a la empresa Iveco.
"A lo largo de la instrucción puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa Fútbol Para Todos más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos", sostuvo la jueza.
Es que en el estatuto del programa Fútbol para Todos se preveía la mejora económica de los clubes de fútbol, pero al contrario, los pasivos de gran parte de los mismos aumentaron.
"Ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma", consideró la magistrada, quien durante la investigación dispuso una veeduría para controlar los fondos de dicho programa.
"Pese a los ingentes esfuerzos presupuestarios aportados por el Estado tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la televisación gratuita del fútbol en todo el país, no sólo porque muchos de esos encuentros fueron difundidos por señales de cable, sino porque durante la ejecución del convenio los encuentros de las divisionales de ascenso (Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa privada", dijo en otro párrafo de su resolución.